El Gobierno recurrirá la sentencia sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad
El Gobierno nacional decidió apelar una reciente resolución de un juzgado que dejó sin efecto la paralización de una norma clave. Esta norma se relaciona con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada por el Congreso el año pasado y ahora se busca su aplicación inmediata.
La presentación será presentada en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. El fallo proviene del Juzgado Federal de Campana, dirigido por el juez Adrián González Charvay, quien declaró inválida la suspensión de esta norma y ordenó su plena vigencia. Desde el Ejecutivo, argumentan que esta decisión es una intromisión en sus atribuciones, especialmente en lo que respecta al manejo del presupuesto y la administración del gasto público.
En la Casa Rosada, recalcan que la ley fue aprobada sin definir las fuentes de financiamiento, lo que, según ellos, haría difícil cumplir con lo ordenado por la Justicia. Este argumento apunta a que aplicar la norma tal como fue dictada podría afectar el equilibrio fiscal, un pilar del programa económico gubernamental.
La Ley de Emergencia en Discapacidad establece la emergencia del sector hasta el 31 de diciembre de 2027. Aunque se aprobó, el Ejecutivo decidió suspenderla mediante el Decreto 681/2025, alegando que el Congreso no fijó cómo financiar las disposiciones que se iban a implementar.
La suspensión de la ley generó reclamos de familias, organizaciones y prestadores, quienes señalaron el impacto directo sobre tratamientos y servicios. Dentro de este contexto, dos familias con hijos que poseen el Certificado Único de Discapacidad presentaron un amparo judicial, lo que llevó al fallo que ahora el Gobierno intenta revertir.
Lo que deberá definir la Cámara
La Justicia argumentó que los derechos a la salud, la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad deben tener prioridad sobre las limitaciones presupuestarias. También recordó las obligaciones que tiene el Estado argentino bajo tratados internacionales. La decisión final quedará en manos de la Cámara Federal de San Martín, que debe determinar si mantiene la aplicación inmediata de la ley o si respalda la postura del Ejecutivo acerca de la falta de financiamiento y la distribución de competencias entre los poderes.